“Expandían el negocio de la entidad a
costa de la Seguridad Social”
El juez de Barcelona que desde 2007 instruye el caso de Mutua
Universal ha concluido la investigación y acusa a 11 exdirectivos por un fraude
de más de 200 millones de euros. Según el auto de procesamiento, contra el que
cabe recurso, incurrieron en un delito continuado de malversación de caudales
públicos, otro de apropiación indebida y/o administración desleal, falseamiento
de cuentas y falsedad en documento mercantil. La mutua, que no tiene ánimo de
lucro y maneja principalmente dinero público de la Seguridad Social, devolvía
parte de las cuotas que recibía a grandes empresas asociadas (Peugeot,
Dragados, Spanair, Carrefour, Manpower, La Caixa...). Además, señala que los
directivos facturaban a la mutua mediante testaferros y empresas pantalla.
En agosto de 2007, la policía
irrumpió en la sede de Mutua Universaltras una grave acusación de la Seguridad Social de
que desviaban dinero público. Los directivos de la entidad “se habían
concertado con el fin de expandir el negocio de la entidad a costa del
patrimonio de la Seguridad Social”, según el titular del juzgado de instrucción
21 de Barcelona.
El auto,
fechado el 3 de junio y notificado la semana pasada, señala como responsables
al exdirector general Juan Aicart —“ejerció la máxima responsabilidad ejecutiva
con un intenso cariz jerárquico”—, cuatro subdirectores generales, José Eduardo
Villa, Alfredo Isidro Maciá, Francisco Javier Tobajas y Josep García Belaire,
además de cuatro jefes de departamento. También enfilan el banquillo José Luis
Pérez Digón, persona de confianza de Aicart, y un asesor jurídico.
La junta
directiva, formada por representantes de empresas asociadas y presidida aún por Juan Echevarría, exyerno de Joan Laporta y
fundador de un partido de derechas (Solidaritat Catalana) en 1980 junto al
presidente de la CEOE, Juan Rosell, quedó eximida en la instrucción.
Según el juez, los 11
directivos “detrajeron fondos de carácter público que aplicaron a conceder
beneficios a determinados asociados”. Se trata de los llamados extornos,
devoluciones ilícitas de cuotas que daban a empresas y que suman 195 millones
entre 1998 y 2007 (lo anterior ha prescrito). El informe pericial de la
Intervención de la Seguridad Social detalla que se beneficiaron 1.185 empresas.
De ellas, 29 lograron más de un millón. En el listado figuran PSA
Peugeot-Citröen y Automóviles Citröen (beneficiadas con 17,6 millones), Urbaser
(10,7 millones), Carrefour (9,7 millones), Manpower (6,2 millones) y La Caixa
(3,1).
Las
empresas solían obtener con cargo a la Seguridad Social “material informático,
botiquines, material de prevención, pago de estancias en hoteles y viajes,
chequeos médicos, mobiliario, reparaciones y obras, cursos de formación...)
proporcionados a la mutua por parte de determinados proveedores pero cuyo coste
era asumido ilícitamente por Mutua Universal”. Para camuflarlo, “el proveedor
no facturaba a la empresa verdaderamente receptora del bien o servicio
proporcionado sino que facturaba a la mutua por una prestación que no ha
recibido y por un concepto distinto del real”.
El
informe pericial señala que La Caixa tenía así pagado con dinero público
“dotación de fisioterapia dedicada a la rehabilitación funcional del personal
directivo” y “reconocimiento médico del personal VIP” en las clínicas Teknon de
Barcelona y la Ruber de Madrid. Un portavoz de La Caixa afirmó ayer que la
entidad desconocía que figurara en las diligencias. Lo mismo señalaron los
portavoces de las empresas contactadas: Citröen, Manpower y ACS, que señaló que
Urbaser y Dragados dejaron la Mutua cuando las compró ACS. Otras no
respondieron.
Según el
juez, no está acreditado que los responsables de las empresas beneficiadas “fueran
cabalmente conscientes de la trascendencia final de lo que hacían”. Sin
embargo, la fiscalía consideró en marzo que las empresas que se beneficiaron
del desvío de dinero son “partícipes a título lucrativo”, lo que les
convertiría en responsables civiles y deberían devolver el dinero. También hace
responsable civil a Mutua Universal, por lo que tendría que afrontar la
devolución del dinero defraudado. Un portavoz de la mutua, que en 2012 tenía
36,6 millones de patrimonio, consideró “prematuro e inapropiado” analizar esa
posibilidad antes de que llegue el caso.
Además de
las cuotas que iban a empresas, el juez considera que hubo “desvío de fondos a
un conglomerado de sociedades vinculadas” a estos directivos en las que
figuraban testaferros. Esos casos generaban “un palmario conflicto de intereses
que se resolvía en perjuicio de la mutua”, aunque el total no está
cuantificado.