DESPEDIDO DELEGADO DE CCOO

Trabajadores de UPS protestan por el despido del sindicalista que denunció acoso laboral

CCOO asegura que la multinacional despidió al presidente del comité de empresa por defender a una trabajadora que presentó varias quejas por ‘mobbing’.

 

El conflicto en UPS se encrespa. Las denuncias por acoso laboral, que concluyeron en el despido del presidente del comité de empresa, recibirán respuesta el próximo lunes 6 de junio, fecha en que se ha convocado una concentración a las puertas de las instalaciones de UPS en el edificio Alvento, en la Vía de los Poblados, a las 11 de la mañana, según informa el convocante de la protesta, Comisiones Obreras (CCOO).  

La protesta viene motivada por la decisión de la empresa de paquetería de despedir al sindicalista. Según CCOO, el despido se produjo después de que el sindicalista se aprestara a defender a una trabajadora que había denunciado ser víctima de acoso laboral. En su opinión, “UPS no quiere que haya una representación legal que ejerza la legítima defensa de los derechos de los trabajadores”.

En caso de que la empresa no rectifique, el sindicato amenaza con llevar el caso ante la justicia. Por lo pronto ha suspendido todas las negociaciones que estaban en marcha entre los representantes de los trabajadores y la empresa.

El Sector de Carretera de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO considera que la actitud de la empresa constituye “una intolerable transgresión de los derechos sindicales”. Por su parte, UPS ha acusado al dirigente sindical de injurias y ha procedido a su despido.

CCOO ha comunicado a UPS que mientras el expediente siga abierto “se suspenden todo tipo de negociaciones”. El sindicato entiende que en la situación actual no se puede negociar y llegar a acuerdos con la empresa y considera que la actitud de la empresa constituye una “intolerable transgresión de los derechos sindicales con el claro objetivo de atacar la legitimidad sindical”.

CCOO asegura que la actuación de UPS se suma a los intentos de extinción de contratos de varios centros, como los de Vallecas y Alvento, con varios expedientes de regulación de empleo que han sido sistemáticamente rechazados por la Administración competente, así como a otros casos de despidos declarados improcedentes y nulos.